La orden de trabajo puede asfixiar a los profesionales y aboca a un deterioro de la atención social a los más vulnerables
Derechos Sociales ha remitido un Programa para organizar y protocolizar la primera atención a las personas que demandan ayuda en los centros de servicios sociales, de manera que los trabajadores sociales se ven obligados a incrementar su carga de trabajo en un 40%, lo que significa realizar hasta 60 nuevas atenciones a la semana.
Esta orden de trabajo ha llegado a los funcionarios por correo interno y supone pasar de las 35 primeras atenciones a la semana a 60 sin contemplar ningún refuerzo de medios humanos y sin adoptar otras soluciones para atender la carga de trabajo diario en los centros, por lo que además de generar asfixia en los funcionarios, aboca a un deterioro de la atención y del sistema de Acción Social en Zaragoza.
Además, la nueva orden no ha derogado la anterior, que data del año 2012, de manera que se obliga a los trabajadores a afrontar la nueva situación sin que quede constancia escrita del aumento de la exigencia laboral.
La antigua orden, aún en vigor, se dictó en plena crisis y cuando las demandas de los ciudadanos vulnerables se dispararon exponencialmente. En ese momento, la plataforma de profesionales de los servicios sociales, en la que la actual consejera del Gobierno de ZeC , Luisa Broto, era muy activa, denunció que ese aumento de carga de trabajo era una ratio muy elevada y hablaba entonces de un colapso en las agendas de las trabajadoras sociales, que no les iba a dejar tiempo para otras cosas y que suponía un deterioro de la calidad de las atenciones.
La plataforma llegó a defender el establecimiento de la periodicidad de las citas, los tiempos destinados a las mismas y las actuaciones a llevar a cabo como una competencia profesional irrenunciable.
La nueva situación que se produce con la orden de mayo de Derechos Sociales se produce cuando muchos de los trabajadores del área no tiene capacidad de protestar, por la naturaleza de su contrato, en un momento en que la crisis no presenta la misma virulencia y cuando él área tiene más disponibilidad económica
Derechos Sociales no sólo ha sido incapaz de cumplir su promesa de aumentar el personal sino que se le han ido los tiempos de atención de la primera cita en diversos centros. Así ha ocurrido en el Actur, que pasan de 11 días en 2015 a 21 en 2017; O en Centro, de 12 a 24; en Universidad- Casablanca, de 5 a 7 o en Oliver – Valdefierro, que después de bajar a 14 en 2016, vuelve a situarse en 18.
Las propias a proyecciones de Derechos Sociales aseguran que el porcentaje de primeras visitas que se puede atender oscila entre el 52,3% de la demanda en Oliver- Valdefierro-Miralbueno y el 62% en barrios rurales, si se atiende a las que han tenido menos de cuatro citas al año, y entre el 33% de La Almozara y el 62% de Universidad, si el criterio es haber recibido menos de cuatro ayudas al año.
Lo cierto es que los datos de gestión de Derechos Sociales no son halagüeños y hablan de una tendencia al colapso, que será más grave si el personal recibe una carga de trabajo desmesurada, ya que los trabajadores deberán atender a las familias en 20 minutos y no tendrán tiempo de hacer una correcta valoración.
Y el panorama no es mejor en los casos de solicitud de IAI, sin tiempo de evaluar ni de hacer seguimiento, ni en Atención a Menores en Desprotección, ni en el Programa de Atención Familiar donde hay una larga lista de espera.
