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- El Justicia de Aragón elabora un informe sobre la línea 900 tras una queja presentada por el Colegio Profesional de Trabajo Social, de la que el Grupo Municipal del PSOE pidió ser parte interesada.
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- La Institución asegura que un call center de acceso a los Servicios Sociales municipales “no puede asumir funciones de información, evaluación, valoración, orientación o diagnóstico”.
Zaragoza, 9 de febrero de 2021 – El Grupo Municipal del PSOE ha exigido al Gobierno PP-Cs que limite la externalización de los Servicios Sociales municipales. Por ello, ha instado a que, en la mayor brevedad posible, clarifique qué gestiones de este tipo pueden ser encomendadas a entidades privadas y cuáles deben facilitarse a través de empleados públicos.
Los socialistas consideran “imprescindible” que el Ayuntamiento de Zaragoza elabore este “catálogo de funciones”, tal y como le ha sugerido el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, en un informe que ha remitido esta misma semana al Consistorio zaragozano.
La Institución ha elaborado este documento después de que el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón presentara una queja sobre la implantación del servicio de la línea 900 en el Ayuntamiento de Zaragoza. El PSOE fue el único Grupo Municipal que solicitó ser parte interesada en el expediente.
La portavoz de Acción Social del Grupo Municipal del PSOE, María Ángeles Ortiz, destaca las conclusiones del Justicia de Aragón, que entiende que un call center, como lo es la línea 900, no “puede asumir funciones de información, gestión de evaluación, valoración, orientación y diagnóstico, tanto básicos como especializados, los cuales quedan normativamente reservados a la gestión directa por empleados públicos”. “Hemos denunciado en repetidas ocasiones que la línea 900 es una privatización encubierta de servicios básicos y esenciales. Este teléfono es un filtro, la atención debería hacerse por los servicios sociales de referencia”, ha denunciado Ortiz, que ha recriminado que el Consistorio tardara tres meses en contestar al Justicia.
En su informe, Dolado recomienda al Ayuntamiento de Zaragoza que, en la mayor brevedad posible, concluya los trámites para aprobar un Reglamento de Centros Municipales de Servicios Sociales, tal y como se establece en el Decreto de 20 de diciembre de 2016 del Gobierno de Aragón. Pero también, y así lo concluye en ese mismo informe, que el Ayuntamiento proceda al desarrollo reglamentario del servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación (también recogido en una orden del 30 de agosto de 2018). El Ayuntamiento tiene de plazo un mes para comunicar si acepta o no las recomendaciones formuladas por el Justicia. El Grupo Municipal del PSOE velará por que el Consistorio, y en concreto el consejero Ángel Lorén, dé respuesta a estas recomendaciones.
