Zaragoza, 9 de septiembre de 2024.- El concejal socialista Chema Giral ha reclamado la modificación del “parquinazo” del Gobierno de Chueca, al considerar que el proyecto de estacionamiento regulado “es claro ejemplo opacidad y mala gestión”, además de que supone “un sablazo económico para el bolsillo de los zaragozanos”, que ya han sufrido el subida del precio del autobús y el tranvía desde que gobierna el PP.
En concreto, con este reglamento se pretende triplicar el pago por aparcar en Zaragoza, ya que se pasa de 6.800 plazas a cerca de 22.000, y además, “de forma injusta”, porque “no es lo mismo pagar en el centro que en un barrio de la ciudad como Delicias”, ha señalado.
Y más grave, aun si cabe, es que Chueca quiera repercutir en el bolsillo de los zaragozanos el coste de la instalación de las cámaras y servicios de seguridad que conllevaría la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Giral ha recordado que el Ayuntamiento recibió cerca de 50 millones de euros en dos convocatorias diferentes para la implantación del proyecto de ZBE y “Chueca decidió no destinar ni un solo euro de ese montante para poder financiar estos equipos de vigilancia e instalación”.
El edil socialista ha lamentado la “tropelía veraniega” de Chueca con la aprobación de este reglamento, para que “no hubiera tiempo de presentar alegaciones” y la “opacidad y falta de transparencia” del mismo, ya que carece del anexo necesario donde figuren las especifidades técnicas del mismo, y no han consultado a todos los distritos por igual por las plazas de aparcamiento.
En este sentido, y en aras del consenso que se alcanzó en el año 2014 con el reglamento anterior (además, aprobado por unanimidad), y a la vista de que el presente contrato le queda todavía un año de vigencia (hasta el verano de 2025), el Grupo Socialista ha pedido a Chueca que modifique el actual reglamento e incorpore el anexo con las características técnicas al mismo, que consulte de “forma rauda y veloz” a todos los distritos para que sus vecinos puedan actualizar sus decisiones sobre el proyecto y que retire los costes económicos que tienen que ver con la implantación de la ZBE.
Asimismo, el PSOE ha apostado por conseguir más espacio público retirando los veladores y terrazas en calzada que se instalaron en la época COVID. Con esta medida, se conseguirían cerca de 2.000 plazas más para poder aparcar, como han hecho la mayoría de ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Logroño, recuperando un 30% más de las 6.800 plazas disponibles que hay en la actualidad. “Se trata de un ejemplo más de mala gestión por parte de Chueca. Puede ser que sea cierto que hacen falta más plazas de aparcamiento pero seguro que tres veces más no es necesario”, ha señalado.
Giral ha incidido en la “opacidad y falta de transparencia” a la que nos tiene acostumbrados Chueca, que “nos sorprende todos los veranos con algo relacionado con la movilidad”. “El año pasado fue la aprobación de la prórroga del contrato de autobuses el 28 de julio, todavía en vía judicial. Y este verano ha sido la aprobación del reglamento de estacionamiento regulado y el estudio económico-financiero del mismo, un 25 de julio y 9 de agosto, respectivamente, quizás con el oscuro deseo de que les pasara desapercibida esta decisión a las asociaciones de vecinos, comerciantes y demás colectivos ciudadanos, y no tuvieran tiempo para alegar y hacer sus propuestas”, ha lamentado.
Pero es que, ha incidido, lo más grave de este reglamento es que carece del anexo necesario donde figuren las especifidades técnicas del mismo, como ocurría en el de 2014. “Ahora simplemente se alude a una instrucción técnica que nadie conoce y, por tanto, los grupos no podemos hacer nuestras propuestas ni modificaciones”, ha explicado.
Lo único que se conoce es un estudio económico-financiero del mismo donde viene la información y las zonas afectadas por estacionamiento regulado, tarifas y horarios. Al figurar en el estudio y no en el reglamento en el anexo, el estudio no es vinculante y no se va ni siquiera a votar en este Pleno. Además, podría ser modificado por otro estudio dentro de seis meses.
A esta “falta de transparencia” se une que a unos distritos de la ciudad se les ha consultado y a otros no, y a unos se les ha hecho caso y a otros no, teniendo en cuenta que la consulta a algunos de ellos se les realizó hace 4 años, en plena pandemia COVID.
Otro ejemplo de “mala gestión y ocurrencia” son los triciclos eléctricos, Minist, “una empresa privada que ocupa espacio público y que solo en la zona centro ocupa el 20% de la totalidad de las plazas disponibles para poder aparcar”.
