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Los socialistas piden la comparecencia del consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, para que dé cuenta de la tramitación de estas reparcelaciones.
Zaragoza, 28 de junio de 2021. El Grupo Municipal del PSOE ha registrado esta mañana la solicitud de una Comisión Extraordinaria de Urbanismo, en la que se pide la comparecencia del consejero Víctor Serrano. Los socialistas quieren que el máximo responsable de Urbanismo dé cuenta de la tramitación de los expedientes de reparcelación de dos zonas, al tener los padres del alcalde un terrero en una de ellas y su hermano figurar como arquitecto en otra. “Entendemos que, dado que hay intereses particulares de quien gobierna este Ayuntamiento, estos desarrollos tienen que contar con la máxima transparencia y claridad. Debe dar cuenta de la tramitación de estos expedientes, por qué se corrió tanto, por qué se llevó a aprobación inicial unos expedientes que tenían pendientes informes preceptivos y tenían pendientes las expropiaciones”, ha señalado el portavoz de Urbanismo del Grupo Municipal del PSOE, Horacio Royo. Royo ha reprochado la actitud del alcalde durante su comparecencia ante los medios, ya que “comenzó con cierta humildad, reconociendo que tenía que haberse abstenido en estos expedientes”, pero posteriormente tanto él como el consejero de Urbanismo “plantearon cuestiones que no son verdad”. “El señor Serrano intentó restar importancia a los actos del Gobierno, pero la aprobación inicial de estos expedientes es de mucha transcendencia. A partir de aquí, hasta la aprobación definitiva, lo único que resulta preceptivo es la exposición pública para que si alguien quiere formular alegaciones, lo haga antes de la aprobación definitiva. Todo el interés del expediente se concentra en la aprobación inicial”, ha manifestado el edil socialista.
El portavoz de Urbanismo del PSOE ha mostrado su sorpresa por la “celeridad” en los que han sido tramitados estos expedientes, sin ni siquiera haberse hecho las expropiaciones. ”El propio informe de la letrada dice que faltan informes del servicio de Administración del Suelo o del Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano, con los posibles costes de urbanización. Deja claro que la aprobación definitiva no se podrá llevar a cabo hasta que no se hagan expropiaciones, unas expropiaciones que suelen ser largas”, ha destacado. “Vamos a pedirle al consejero de Urbanismo que explique por qué estos expedientes se han tramitado con esta celeridad y no se ha esperado a tener todos los informes y expropiaciones culminadas”, ha añadido.
Royo ha vuelto a insistir en la obligatoriedad del alcalde de abstenerse en estos expedientes por un “conflicto de intereses”. “No hablamos de una expresión retórica, es un término jurídico que está perfectamente acotado por el artículo 48 de la Ley de Ética e Integridad Pública de Aragón, pero también hay legislación estatal en este mismo sentido. Resulta obvio que un acto administrativo que va a suponer, en mayor o menor medida, una revalorización del patrimonio de la familia del alcalde es un ejemplo de colisión entre el interés público y privado. Y también se produce ese conflicto al ser el arquitecto su hermano”, ha manifestado. Además, el concejal del PSOE ha reprochado el “urbanismo a demanda de intereses particulares” que está impulsando el Gobierno PP-Cs, frente al urbanismo público, por el bien común y general de la ciudad, que siempre defenderá el Grupo Municipal del PSOE. “Este urbanismo de intereses particulares es el que subyace detrás de estos expedientes. El Ayuntamiento, además, va a destinar 5,2 millones de euros en los próximos años para mejorar la ribera del Canal Imperial, en esa zona de San José, que es la fachada Sur del desarrollo de estos sectores”, ha criticado Royo. Los grupos municipales de PSOE, ZEC y Podemos han presentado también una moción conjunta para el pleno de este viernes 2 de julio, en la que además de reprobar al alcalde por participar en la votación de estos expedientes, se va a solicitar la constitución de una Comisión Especial de Investigación al objeto de estudiar las implicaciones que pudieran derivarse del hecho de que el alcalde hubiera podido incurrir en un conflicto de intereses.
