Zaragoza, 15 de noviembre de 2024.- La portavoz socialista, Lola Ranera, ha anunciado hoy la petición de un Pleno extraordinario centrado en dar solución al problema de acceso a la vivienda tanto de los jóvenes de esta ciudad, a los que “los precios desorbitados de alquiler y compra les bloquea la emancipación y el acceso a la vida adulta”, como de las familias, que “cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes por la situación del incremento de la cesta de la compra”.
Para ello, los socialistas llevan a este Pleno extraordinario cuatro mociones en las que, entre otras cosas, se apuesta por llegar a las 5.000 viviendas públicas de alquiler en los próximos años; abordar la revisión del PGOU que fue aprobada en 2021 y renunciar a la venta de suelo municipal; actuar ante la amenaza de viviendas turísticas sin control; elaborar un censo de viviendas okupadas y presupuesto para planes especiales como el de Zamoray-Pignatelli; y destinar 15 millones de euros anuales, durante cinco años, a la rehabilitación integral de edificios
Ranera ha considerado que el Gobierno de Chueca “debe de ser sensible” con esta cuestión. “Planteamos este Pleno con el ánimo de sumar, aportar, y de poner todos nuestros esfuerzos y energías en resolver los problemas de los ciudadanos, como nos piden la mayoría de los ciudadanos. Ya lo hicimos en el Debate sobre el estado de la Ciudad, presentando un ‘Pacto por la Ciudad’, donde uno de los puntos fundamentales era la vivienda. Hoy retomamos la carpeta que no se abrió para abordar el problema de la vivienda, y con el que esperamos contar con el apoyo de toda la Corporación”, ha apuntado.
La portavoz socialista ha recordado que, en los últimos cinco años, el precio de la vivienda en Zaragoza se ha incrementado un 30%, tanto en compra como en alquiler. Según datos oficiales del INE, mientras los salarios han aumentado un 17%, la vivienda ha subido un 37%.
“Esto es absolutamente insostenible y las administraciones públicas debemos de intervenir, tanto el Gobierno de España –-que ha puesto en marcha una Ley de vivienda para mejorar esta situación–, el Gobierno de Aragón, al que le aplaudiremos todas las medidas que ponga en marcha, pero también el Ayuntamiento de Zaragoza, la administración más cercana de los ciudadanos.
“La vivienda y el acceso a la misma tienen que convertirse en el quinto pilar de bienestar. Pero también lo dice la Constitución en su artículo 47. Y el Ayuntamiento de Zaragoza debe de ser sensible a la situación que hay en estos momentos”, ha enfatizado.
Así, los socialistas inciden, en un primer punto, en los temas por la falta de vivienda publica de alquiler. Actualmente, la bolsa de alquiler público en Zaragoza es de tan solo 2.500. Para equipararnos a la media española necesitaríamos tener unas 7.000 viviendas, mientras que para llegar a la media europea tendría que haber 25.000. “Nuestra propuesta en los próximos años es llegar a los 5.000, por lo menos estar dentro de lo deseable en España, aunque quedemos muy lejos de la media que marca Europa”, ha explicado.
Ranera también ha subrayado que, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en Zaragoza disponemos suelo para la construcción de 6.000 viviendas, de las cuales 4.000 están en Arcosur. Por eso, ha dicho, “es necesario más que nunca abordar la revisión del PGOU, algo que ya pedimos y acordamos en Pleno en el año 2021, pero que quedó en papel mojado”. En este sentido, el PSOE apuesta por una revisión del PGOU porque “es necesario desarrollar nuevos suelos donde incrementar el volumen de suelo residencial público. Solo de esta forma se podrá incrementar tener más suelo”, ha señalado.
Pero para ello, ha dejado claro que es prioritario renunciar a la venta de suelo. “Cuando el PP llegó al Gobierno de la ciudad en 2019, en los presupuestos se incrementó la venta de suelo en Zaragoza casi 500.000 euros. En 2023, terminamos el año con más de 6 millones de euros de venta de suelo. Esto quiere decir que tenemos poco suelo, que no desarrollamos, y que el poco que tenemos lo vendemos. Nos estamos descapitalizando ese patrimonio que tenemos, que es el suelo para hacer vivienda, y no debemos perder esa iniciativa política desde el Ayuntamiento”.
En cuanto a la situación de las viviendas turísticas en Zaragoza, Ranera ha recordado que, lamentablemente, no hay ninguna intervención por parte del Gobierno de Chueca. “Se está dejando actuar, sin ningún tipo de control, con lo que se han disparado las cifras, hasta llegar actualmente a las 1.200 viviendas turísticas, según algunos estudios, con un incremento del 30% anual”, ha incidido.
Con lo cual, ha añadido, “la vivienda turísticas empieza a ser una amenaza y es el momento de ponernos a actuar para que no nos pase lo mismo que en ciudades como Málaga o Barcelona. Debemos trabajar con todo el tejido asociativo y todos los agentes económicos y sociales para buscar un punto de equilibrio en Zaragoza”.
La portavoz socialista también ha considerado “imprescindible” hacer un censo de viviendas okupadas en Zaragoza, con ejemplos tan llamativos como la zona Zamoray-Pignatelli, “donde hay edificios municipales okupados, lo que nadie entiende, sin que el Ayuntamiento, como propietario, ponga freno a la situación”.
En este sentido, los socialistas también reclaman poner en marcha planes especiales como el Zamoray-Pignatelli, que en 2020 se aprobó y que ha quedado en papel mojado. “Para que estos planes especiales se pongan en marcha es fundamental que vayamos de la mano y se lideren desde la Alcaldía de la ciudad”, ha apuntado.
Por ello, a un mes de la presentación del presupuesto, la portavoz socialista ha considerado “imprescindible” que sea la alcaldesa la que incorpore presupuesto para este Plan Especial. “Es necesario hacer una apuesta clara, no solo desde los censos de ocupación e inspección de edificios, sino ir todo acompasado de otras medidas para revitalizar y regenerar los barrios que estos momentos sufren problemas importantísimos en este sentido”, ha subrayado.
Los socialistas también apuestan por la rehabilitación de vivienda. Reclaman que, en los próximos cinco ejercicios, la cantidad de 15 millones de euros anuales en partidas municipales que garanticen esa rehabilitación integral de los edificios.