La comisión de Urbanismo ha asistido hoy al enésimo esperpento de Pablo Muñoz y Zaragoza en Común en relación con el futuro de la Factoría de Averly. Después de que, a petición del Grupo Socialista, la Comisión del 22 de junio acordase dejar el expediente sobre la mesa a la espera de una serie de informes jurídicos y económicos que clarificasen las implicaciones para la ciudad de las pretensiones de Muñoz, el Consejero de Urbanismo ha vuelto a traer el expediente sin aportar ni uno solo de esos informes.
Recordamos que el Grupo Socialista solicitó a diversos órganos municipales una serie informes que se pronunciasen sobre la legalidad y sobre todo sobre las implicaciones económicas e indemnizatorias que tendrían los proyectos que planteó ZEC en la pasada comisión. Se trataba de informes fundamentales sin los cuales el Grupo Municipal Socialista no estaba en condiciones de pronunciarse. Lamentablemente, en un gesto de falta de respeto y de lealtad, el Gobierno de ZEC ha hecho caso omiso a esa petición.
Pero fundamentalmente, lo que hizo el Grupo Municipal Socialista al dejar sobre la mesa el expediente, fue brindar el plazo de un mes a Pablo Muñoz para que hiciese lo que no había hecho en un año: dialogar y buscar un consenso que evite el derribo de la parte no catalogada de Averly. Pues bien, en este mes, a pesar de haberse celebrado algunas reuniones técnicas, resulta asombros constatar que el Consejero de Urbanismo, el mismo que prometió desplegar todo su liderazgo y hacer cuanto fuese preciso para “salvar” Averly, no haya encontrado un minuto en su agenda para reunirse con la propiedad ni para encargar los servicios municipales los informes que los socialistas exigimos para poder respaldar su plan.
Y es que, finalmente, viendo hoy como Pablo Muñoz solicitaba a los grupos que respaldásemos la retirada del expediente, ha quedado claro que el verdadero interés de ZEC en relación con Averly no ha sido nunca evitar su derribo sino encontrar un culpable del derribo. Y a ser posible que ese culpable fuese el Partido Socialista. Por eso sometió a debate y votación un expediente que era un monumento a la inseguridad jurídica cuatro días de las elecciones. Una maniobra que, vistos los resultados, le salió francamente mal y que tiene como principal coste, que cualquier opción de evitar el derribo, se haya esfumado por la incompetencia e indolencia de Pablo Muñoz.