Dos catedráticos de Derecho Administrativo de Zaragoza apuntan que además ha podido haber un uso inconstitucional de la Ley de Capitalidad al interpretarla en un sentido distinto al del legislador
El informe que los grupos de la oposición (PSOE, Cs y PP) encargaron a la Universidad de Zaragoza sobre el cambio de representación que ZeC ha forzado de manera unilateral en las sociedades mercantiles municipales considera que se ha incurrido en desviación de poder, fraude de ley y utilización inconstitucional de la Ley de Capitalidad. Los grupos estudiarán a partir de ahora medidas políticas que permitan restituir el funcionamiento democrático en los órganos municipales.
El portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, tras una primera aproximación al documento en una reunión con los grupos de la oposición, ha asegurado que la gravedad de los hechos que se han vivido en el Ayuntamiento con el asalto a las sociedades, (al margen de otras intenciones, después rectificadas, como la de expulsar a la oposición de las mesas de contratación) evidencian el intento de ZeC de hacer este ayuntamiento cada vez menos transparente y más antidemocrático. Por eso, las conclusiones del informe de la Universidad, en el que se habla de desviación de poder, fraude de ley y posible inconstitucionalidad en el uso de la ley de Capitalidad, “sustentan y agrava la crítica política” que ya se había realizado desde el PSOE y el resto de los partidos de la oposición, dijo Pérez Anadón.
La desviación de poder tendría que ver con la forma en la que se han producido los cambios en las sociedades y los acuerdos que se han tomado posteriormente; el fraude de ley se centraría en el cese y nombramiento de consejeros sin ajustarse a la ley y la inconstitucionalidad derivaría de una interpretación de la Ley de Capitalidad contraria al sentido del legislador, de modo y manera que la Junta General de las sociedades que es el Gobierno, con la la lectura de ZeC, acaba suplantando las competencias del pleno.
Carlos Pérez explicó que los grupos se van a dar una semana para adoptar medidas políticas que restablezcan el control democrático del Pleno.
