Consideramos que solo los informes del Secretario y del Interventor pueden dar luz sobre estas dos cuestiones, previas a cualquier inicio de debate sobre el futuro del servicio.
Los socialistas no avanzarán en el debate de la municipalización de Parques y Jardines hasta que los servicios municipales de Intervención y Secretaria se pronuncien sobre las posibilidades de ampliar el objeto social de Ecociudad (sociedad elegida por ZeC para acoger a los trabajadores municipalizados de Parques y Jardines) y sobre los efectos que los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) pueden tener en la plantilla municipal del Ayuntamiento de Zaragoza.
Los socialistas consideran necesario despejar estas dudas antes de poder asumir ningún posicionamiento sobre el cambio de modelo de Parques y Jardines, que el consejero de Servicios Públicos, Alberto Cubero, vuelve a llevar al debate municipal con demasiada prisa.
El PSOE, que nunca se ha opuesto a estudiar una internalización de servicios si generan ahorros, si mejoran la calidad del servicio y si garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso de los nuevos trabajadores a la función pública, cree que Cubero “vuelve a la carga” con la municipalización de otro servicio, ya que forma parte de su obsesión, pero sin poder aportar mucha más claridad y concreción al debate político.
En el caso de Parques y Jardines, no deja de sorprender que ZeC quiera alojar en Ecociudad a los nuevos trabajadores que accederían a la función pública si se municipalizara el servicio, precisamente cuando hace escasas fechas, y en el transcurso de la Comisión de Investigación de Ecociudad, el propio alcalde, Pedro Santisteve, se decantó por la desaparición de esta sociedad municipal.
Además de la falta de coherencia interna entre los integrantes de ZeC, el PSOE se plantea si es posible ampliar el objeto de la sociedad Ecociudad cuando el Ayuntamiento aún sigue inmerso en un plan de ajuste que impide crear nuevas sociedades. Desde ese punto de vista, la concejala de Servicios Públicos del PSOE, Marta Aparicio, demanda que la Secretaría General del Ayuntamiento de Zaragoza y el Letrado Asesor de Ecociudad se pronuncien respecto a este asunto, precisando si los impedimentos de crear sociedades se extienden también a la ampliación del objeto de las ya existentes. Aparicio explica que, en el caso de que no sea legal ampliar el objeto social de Ecociudad para asumir las zonas verdes de la ciudad, no tendría sentido seguir adelante con la propuesta de Cubero.
De la misma manera, reclama a Intervención y a Secretaría un informe sobre las consecuencias que puede tener la disposición adicional 27 de los Presupuestos Generales del Estado, pendientes de votación en el Senado. Según esta disposición, los trabajadores de una concesionaria que sean incorporados a una empresa pública deben ser considerados como nuevos empleos a efectos de la tasa de reposición, salvo que se incorporen como consecuencia de un proceso de selección de personal.
Los socialistas reclaman los informes de los órganos municipales, y no del despacho privado de Acal—contratado por Cubero ex profeso para impulsar la municipalización–, ya que son los que trasladan los criterios de legalidad en los que debe basarse cualquier acción de este Ayuntamiento.
De la misma manera, Aparicio muestra su desconfianza por el poco rigor que ha proyectado el Consejero Cubero en todas las acciones que ha emprendido desde la dirección de su área y especialmente las que tienen que ver con la municipalización de los servicios, que pretende por encima de la razón, haciéndole perder su crédito político.
