El pasado martes 8 de marzo, las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea alcanzaron un principio de acuerdo para poner en marcha un programa para deportar a Turquía a todos los migrantes –incluidas las personas demandantes de asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad– , que lleguen a la Unión Europea a través de este país, a cambio de que los Estados de la Unión reubiquen a un número equivalente de personas refugiadas sirias asentadas ya en Turquía, y de otras medidas económicas y políticas a favor del Estado turco.
Consideramos que, de confirmarse dicho pacto, la Unión Europea no estaría respetando los convenios internacionales sobre derecho internacional de asilo. Y que estaríamos asistiendo además al proceso de deconstrucción de la Unión Europea. Los y las socialistas españoles no reconocemos esta Europa, y creemos que no se puede hacer un acuerdo de intereses con Turquía utilizando los derechos de las personas refugiadas y migrantes como moneda de cambio, porque lo consideramos inadmisible. Igualmente, entendemos que las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, ante la crisis más grave que vive desde la Segunda Guerra Mundial, han firmado un preacuerdo inmoral y de dudosa legalidad, que, de confirmarse los términos a los que hemos tenido acceso a través de las informaciones recogidas por los medios de comunicación, contraviene claramente el derecho de asilo y múltiples convenios internacionales sobre derechos humanos.
Consideramos preciso mostrar nuestra adhesión a las peticiones de organizaciones no gubernamentales, Alto Comisionado de la ONU para las personas refugiadas, y activistas pro derechos humanos en la denuncia, rechazo y exigencia de retirada del preacuerdo de Unión Europea y Turquía para devoluciones masivas, así como la exigencia de abordar con urgencia la crisis de las personas refugiadas defendiendo los derechos humanos, creando pasillos humanitarios, acogiéndoles con respeto y solidaridad, y posibilitándoles el asilo entre los miembros de la Unión Europea. Finalmente, consideramos que la actitud del Presidente del Gobierno en funciones, ignorando la posición rotundamente mayoritaria del Congreso y validando el acuerdo por su cuenta, es un desprecio inaceptable a los representantes de los españoles y merece la más rotunda censura.
