Un nuevo informe del Interventor, que da respuesta a la petición conjunta que hicieron PSOE y Ciudadanos sobre el proceso de internalización del 010 y sobre las discrepancias que existían con el informe de un asesor jurídico del Gobierno, echa por tierra el procedimiento que ha seguido el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el equipo de ZeC para favorecer la gestión directa del servicio de asistencia telefónica.
Ver aquí el informe de Intervención (PDF)
La concejala socialista de Servicios Públicos, Marta Aparicio, aseguraba que el proceso de internalización ha sido una “alcaldada” que “no tiene visos de legalidad”, y aludía a la imposibilidad de subrogarse las plazas de las trabajadoras de la manera que se ha hecho, tal y como constata el informe de Intervención haciendo referencia además a sentencias del Tribunal Supremo.
Además, “se han saltado los procedimientos establecidos en las bases de Ejecución del Presupuesto del 2016, lo que fuerza al interventor a remitir este proceso al Tribunal de Cuentas., explicó Aparicio
El informe de Intervención se ratifica en los argumentos que ya plasmó en un documento anterior, fechado en el 23 de diciembre de 2016 con el que entraba en colisión el elaborado por un asesor jurídico del Gobierno. El documento remitido por Intervención implicaba un “reparo suspensivo” porque no existía dotación presupuestaria suficiente y adecuada para poder pagar a las trabajadoras del 010, y porque era necesario que las nuevas plazas estuvieran contempladas en la plantilla municipal antes de subrogarse a las trabajadoras de la empresa Pyrenalia.
Sin embargo, no se siguieron estas pautas, ni tampoco se efectuaron discrepancias con el documento de Intervención en los plazos que marca la ley, por lo que, de facto, lo que hizo el Alcalde fue aceptar el reparo que ponía la Intervención y que, pese a ello, incumplió después al decidir de manera unilateral y sin pasar por el Pleno la internalización del 010.
Por eso Marta Aparicio aludía a que “la incompetencia” y el “desconocimiento” del Alcalde y de su equipo de Gobierno de las normas y de los procedimientos que ponen en riesgo la prestación del servicio de asistencia telefónica el 1 de marzo y los puestos de trabajo. No obstante, Aparicio espera que Santisteve sea capaz de “solventar este problema en el que nos ha metido a todos y sea capaz de subsanar esta ilegalidad. Ha generado un problema donde no existía”, concluyó.
