El PSOE reclama al Gobierno de Zaragoza en Común una revisión del actual régimen del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) para favorecer una rebaja de este impuesto, que mantiene desde 2013 un crecimiento desbocado, generando muchas situaciones sociales y fiscales injustas. Los socialistas consideran que este ajuste en el impuesto debería hacerse de cara a las nuevas Ordenanzas Fiscales de 2017.
La plusvalía es un impuesto potestativo que cobran los ayuntamientos y que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Este incremento se pone de manifiesto cuando existe una transmisión, ya sea por compraventa, donación, permuta y herencia, entre otras modalidades.
El problema con este impuesto surge en el año 2013, cuando el Gobierno central lleva a cabo una revisión catastral que supone un fuerte incremento del valor de los inmuebles, ya que la plusvalía se calcula sobre esta variable.
Así, en Zaragoza, se recaudaron 58 millones de euros por este concepto en 2014, que en 2015 llegaron a 70, superando las previsiones prefijadas en los presupuestos, que eran de 44. La misma tónica se sigue en este ejercicio, ya que se parte de unas estimaciones de 52,5 y se espera que la recaudación incluso supere la de 2015. De hecho, los datos de ejecución presupuestaria a 30 de junio ya señalan que la Hacienda municipal ha recaudado durante el primer trimestre 34,6 millones; es decir, el 66% de la cantidad prevista para todo el ejercicio.
Los expertos vinculan el crecimiento de la plusvalía a un aumento de las donaciones que se empezaron a tramitar a finales de 2015 por el fin de las bonificaciones autonómicas, y a la recuperación del mercado de la vivienda de segunda mano, como causas principales.
Nadie cuestiona que los ayuntamientos puedan aplicar este impuesto por las transacciones en el mercado de la vivienda, pero sí existe una gran controversia con este impuesto, que se ha convertido en un tributo radicalmente injusto cuando grava al contribuyente que no obtiene ningún beneficio en su operación, o que, incluso, pierde capacidad económica al realizarla.
La caída del valor de los pisos está haciendo habitual que muchos propietarios que los venden lo hagan por menos precio del que pagaron cuando adquirieron ese bien. Sin embargo, la plusvalía que deben pagar por esa transacción no se calcula con arreglo al precio de mercado de la vivienda sino con arreglo al valor del catastro, que no ha dejado de incrementarse desde 2013. Así, empieza a ser frecuente que muchas personas, pese a perder dinero en la transmisión de su casa, paguen una plusvalía como si la operación les hubiera permitido lucrarse.
Este hecho es también sangrante en los casos de adquisición de los inmuebles mortis causa, ya que muchos herederos no pueden formalizar la herencia de sus familiares por los fuertes impuestos que deben pagar a pesar de que es un supuesto que está bonificado.
Esta situación, cada vez más frecuente, ha llevado a judicializar muchos casos de pagos de plusvalías, y a que desde los juzgados de Zaragoza se empiece a dictar jurisprudencia señalando que para que se produzca el hecho imponible es preciso que exista un incremento de valor entre el momento de la adquisición y el de la transmisión. Cuando el supuesto es el contrario y el vendedor sufre una pérdida económica no puede aplicarse la normativa de la plusvalía . Hacerlo, se añade desde el ámbito judicial, sería una perversión de la regulación.
Por eso, atendiendo a estas circunstancias y teniendo en cuenta que se están superando las previsiones de recaudación que se hacen desde el Ayuntamiento, y que, por lo tanto, no se compromete el trabajo de consolidación fiscal, el PSOE propone al Gobierno de ZeC una revisión a la baja de la Ordenanza Fiscal Número 9 (que regula la Plusvalía) para que se produzca una reducción de hecho en este impuesto a partir de 2017.
