Lo socialistas consideran que con la ampliación del Bizi se ha adoptado una decisión arriesgada que tiene muchas posibilidades de terminar en los juzgados
El consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha retirado de la comisión de Pleno el debate de los depósitos de Pignatelli, aceptando la propuesta de negociación que le había formulado el PSOE 24 horas antes, que busca que la venta del patrimonio público costee la financiación de los nuevos equipamientos y de la zona verde, evitando que se hipotequen futuros presupuestos municipales con este proyecto.
La concejala de Urbanismo del PSOE, Lola Ranera, agradeció el gesto después “del portazo” que dio Muñoz en septiembre, rompiendo unilateralmente el diálogo con el PSOE. Ranera volvió a solicitar una memoria valorada del proyecto de Pignatelli y los informes jurídicos del Inaga y del Instituto Aragonés de Agua, para completar el expediente de esta iniciativa que Muñoz quiere llevar al Pleno del próximo lunes.
La Comisión de Pleno aprobó también, con los votos en contra de ZeC y CHA, la modificación del PGOU ( Plan General de Ordenación Urbana ) para permitir la construcción de un supermercado en los terrenos del antiguo colegio Lestonnac. La concejal socialista recalcó que ese expediente se había votado porque Pablo Muñoz así lo había decidido, aunque –recalco–, no tenía ninguna obligación de hacerlo. Por eso, aseveró: “Es la primera vez en la historia que un consejero impulsa un expediente para votarse a sí mismo en contra”.
En la parte de control, Lola Ranera abordó la ampliación de la Bizi pública, que Zec aprobó en Gobierno pese a contar con un informe en contra del Consejo Consultivo de Aragón, algo que Ranera consideró “muy arriesgado” porque el consejo aunque no emite informes vinculantes, reúne a los más cualificados profesionales. La concejala socialista no descartó que la segunda intentona de ampliar el Bizi a la brava “acabe en los tribunales, coseche otra varapalo judicial, perjudique la imagen de ciudad y acabe provocando que los ciudadanos pierdan confianza en su Ayuntamiento”.
Ademas, Ranera censuró que la revisión el Plan de Movilidad Sostenibles (PMUS) lleve 22 meses de retraso y pidió a la concejala de Movilidad, Teresa Artigas que “recupere el consenso y la unanimidad que son los valores que heredó con el plan de movilidad de 2006.”
