Los socialistas, con el apoyo de los grupos municipales del Partido Popular y de Ciudadanos, hemos forzado la celebración de un Consejo de Administración Extraordinario de la Sociedad Ecociudad Zaragoza para posibilitar un nuevo concurso de la gestión de la planta depuradora de La Almozara y de la planta de tratamiento de fangos de la potabilizadora, cuyo adjudicatario actual, Drace, termina su relación contractual el 31 de marzo con el Ayuntamiento de Zaragoza.
Los socialistas han forzado la convocatoria del consejo de administración ante lo que consideran una “grave dejación de funciones” del Gobierno de Zaragoza en Común y de la concejala de Infraestructuras, Teresa Artigas, ya que, si no se adopta ninguna medida, a partir del 1 de abril, los trabajadores de las dos plantas, la de La Almozara y la de tratamiento de fangos, se quedarán en la calle, porque la actual adjudicataria ha hecho público su deseo de no optar a ninguna prórroga en la prestación del servicio y porque el Ayuntamiento de Zaragoza no puede asumir la plantilla en su estructura. Esta situación ocasionará además que los vertidos que se tratan en La Almozara tengan que derivarse a La Cartuja, si hay posibilidad, o eliminarse directamente en el río Ebro, contraviniendo las normas europeas y exponiendo a Zaragoza a fuertes sanciones económicas.
Así, en el Consejo Extraordinario de Ecociudad se solicitará al equipo de Gobierno la redacción de unos nuevos pliegos de bases para sacar a concurso la gestión de estas dos infraestructuras, de manera que se pueda poner en marcha, en el menor plazo posible, el proceso de licitación para establecer una nueva concesión.
Además, mientras se lleve adelante este proceso, los socialistas instarán a Artigas a negociar y asegurar con Drace la vinculación al servicio durante el tiempo preciso para que la actividad de las plantas no quede desasistida ni paralizada.
Desde el PSOE no se entiende este “desaguisado ni la falta de gestión y de planificación que evidencia esta situación”, a no ser que el Gobierno de Santisteve crea que esta irresponsabilidad favorece sus propósitos de municipalizar el servicio. Los socialistas recuerdan que hasta el momento, los informes económicos y jurídicos que se han realizado, no avalan una posible gestión directa de los servicios por ser más cara y generar inseguridad jurídica a los trabajadores.
