Los socialistas advierten de que la regulación del rastro ilegal puede derivar en nuevos conflictos con otros vendedores potenciales y con los ambulantes ya legalizados
El PSOE ha denunciado el excesivo retraso que acumula la elaboración de los pliegos de condiciones de las grandes contratas de Derechos Sociales y ha recordado que la demora y los errores están poniendo en jaque a muchos trabajadores y generando reconocimiento de obligaciones por más de 30 millones de euros al Ayuntamiento de Zaragoza.
La concejala socialista de Derechos Sociales, Lola Campos, ha explicado en la Comisión de Pleno que se lleva esperando “un tiempo más que prudencial” a la formalización de los pliegos de condiciones, que permitirán adjudicar los servicios a nuevas empresas, y ha asegurado que la necesidad de incorporar cláusulas sociales, encomiendas de gestión o la necesidad de armonizar los textos con la normativa europea “no pueden servir de excusas” para justificar el retraso. Se trata más bien, ha dicho, de “falta de interés y preocupación por resolver temas clave, que sumados están por encima de los 30 millones de euros” y que se facturan como reconocimientos de obligaciones.
De esta manera, Lola Campos se refería a la situación del Servicio de Ayuda a Domicilio, a la Atención Domiciliaria y a los Centros de Tiempo Libre, donde “el empeño en poner cautelas ha llevado al retraso y ha generado problemas a los trabajadores”.
Por otra parte, Campos ha acogido de buen grado la renovación de la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón para la prestación de la ayuda a domicilio para personas dependientes. La socialista ha destacado el aumento de consignación para este año, que ha pasado de 3,2 a 5,7 millones de euros, además de otras ayudas y convenios que llegan de la DGA y que totalizan una inversión de 15 millones en el área. “El mejor concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, se llama Javier Lambán, y por derivación, Mariví Broto”, aseguró.
La concejala socialista ha vuelto a expresar su preocupación por la cronificación de la pobreza que hace que desde 2011 un 39% de las familias atendidas renueven constantemente el Ingreso Aragonés de Inserción. Por eso ha pedido que el Gobierno de ZeC ejecute la partida introducida en el presupuesto por los socialistas para analizar este comportamiento, que a veces implica hasta la tercera generación de la unidad familiar, y facilite la búsqueda de alternativas que rompan esta tendencia. También ha solicitado la ejecución de la partida que el PSOE vinculó al programa de orientación laboral para mujeres víctimas de la violencia de género.
La Comisión de Derechos Sociales se ha ocupado también a los movimientos que realiza el Gobierno de ZeC para regularizar el rastro ilegal, pese a que se trata de un expediente que no está concluido. La posibilidad de darle un tratamiento exclusivamente social, el peligro de que funcione con efecto llamada, y la posibilidad de que sea la Asociación el Cantero, vinculada a ZeC, la que termine realizando el control del espacio público y de la seguridad sanitaria de los hipotéticos nuevos puestos puede acabar creando un “conflicto impresionante”, señaló Lola Campos.
La concejala socialista no pasó por alto que en este momento hay una serie de puestos regulados en el mercado ambulante y que existe una lista de espera a la que se le deniega la posibilidad de incorporarse al rastro, mientras se especula con la posibilidad de eximir de tasas a los nuevos comerciantes. Por eso, recomendó trabajar desde la aplicación de la ley en igualdad de condiciones, dando seguridad a los hipotéticos compradores y no creando discriminación con los ambulantes. De la misma manera concluyó que la posibilidad de encomendar la gestión de ese nuevo espacio a una entidad cultural afín a los comunes “puede ser ser ético, pero no estético”, concluyó.
