Es cuestionable la asistencia externa que ha sacado a licitación el Gobierno de Zaragoza en Común para impulsar el proceso municipalizador de diferentes servicios públicos, ya que hasta el momento estos procesos no han gozado de informes técnicos municipales que avalen esta reorganización con garantías jurídicas y económicas.
La memoria justificativa del contrato menor que impulsa el Consejero de Servicios Públicos de Zaragoza, Alberto Cubero, explica que el proceso de municipalización (denominado de internalización en el documento) es de gran complejidad porque debe atender aspectos jurídicos, económicos y de tipo organizativo. Por eso, y porque se trata de “la primera vez que se plantea realizar este proceso en el Ayuntamiento de Zaragoza” –explica– es por lo que se opta por realizar una contratación externa, porque el consistorio “carece de personal disponible que cuente con la experiencia práctica requerida para ello”.
Los socialistas llaman la atención sobre la “ironía” que encierra la supuesta necesidad de externalizar la asistencia técnica para intentar municipalizar un servicio, sobre todo cuando hasta ahora el Gobierno de ZeC no ha conseguido ningún aval técnico para iniciar este proceso con ninguna de las prestaciones que el Consejero de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha puesto en el punto de mira. Por lo tanto, con esta externalización, Cubero deja claro que no le gustan los informes que se han hecho en el Consistorio y busca algún pronunciamiento fuera que sea más favorable a sus intereses.
En la exposición de motivos, que cifra el precio por hora de asistencia en 40 euros, y que sale a licitación por un precio de 16.500 euros más IVA, se establece que las empresas que quieran optar a esta prestación “deberán tener experiencia en procesos de internalización en entidades locales”, y sus integrantes deberán hacer constar en sus curriculum la “experiencia en procesos de municipalización” .
Asimismo, se indica que deberá nombrarse una persona que actuará como coordinadora y que se encargará de establecer la relación entre el equipo de trabajo externo y el Ayuntamiento, y será la que “recibirá las directrices básicas” para el desarrollo del contrato.
Los socialistas, que nunca se han negado a estudiar cualquier tipo de organización diferente a la que tienen los servicios públicos que se prestan en Zaragoza, siempre han defendido que los procesos de municipalización tendrán objeto de ser si no ponen en peligro la seguridad jurídica de los trabajadores de las contratas, si son más eficaces, y si generan ahorros para las arcas municipales.
El contrato menor que genera el equipo de ZeC para lograr una asistencia técnica que le permita avanzar en la municipalización de servicios no deja de ser “una huida hacia adelante” sin tener en cuenta las contraindicaciones que hasta ahora se han subrayado en los informes técnicos realizados por los funcionarios de Zaragoza, lo que supone un desprecio a los trabajadores del consistorio, además de no tener en cuenta los debates políticos que se han desarrollado en el consistorio y que animan a ZeC a tomar estas decisiones con un amplio consenso de los grupos municipales.
