SocialistasZGZ | Transparencia y Participación

7. MEDIDAS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

7.1. Transparencia

Cada día más, la ciudadanía exige mayores cotas de transparencia y compromiso ético en la gestión de los recursos públicos y en la actividad de la administración. El número intolerable de casos de corrupción nos debe hacer sentir a todos responsables ante la tarea de recuperar el prestigio de la actividad política y la confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos y en las administraciones que gestionan el dinero de sus impuestos.

En esa dirección es necesario mejorar los niveles de transparencia en la gestión e incorporar principios éticos del máximo rigor para evitar que se produzcan comportamientos como los que han configurado el actual clima de desconfianza y desafección de la ciudadanía hacia los representantes políticos. Por ello es preciso desarrollar un código ético que regule las buenas prácticas exigibles a los representantes políticos, cargos de confianza y funcionarios que evite reduzca al máximo el margen para la corrupción o para cualquier tipo de conducta éticamente reprochable.

Por eso, en materia de transparencia planteamos que todos y todas los concejales que firmen el acuerdo de gobernabilidad se comprometan a suscribir un Código Ético que suponga:

Actualizar anualmente las declaraciones de bienes y publicación de ingresos de todos los concejales y concejalas, así como de los Coordinadores de Área, directores generales y asimilados y responsables o gerentes de sociedades municipales o patronatos.
Hacer extensiva la publicación de rentas y bienes a los cónyuges o parejas de hecho (registradas o no) de los concejales y concejalas.
Publicar un registro de intereses en el que conste toda participación de los concejales, concejalas y de los cargos directivos (y de sus cónyuges o pareja de hecho) en empresas y sociedades (de cualquier naturaleza), así como asociaciones u otras entidades que mantengan cualquier tipo de relación económica con el Ayuntamiento, hasta dos años antes de adquirir su actual condición.

Por otra parte, apostar por la transparencia y la ética en la gestión supone también defender una separación nítida e inequívoca entre lo institucional y lo partidario, evitando de forma clara cualquier tipo de confusión en el uso de los recursos e instalaciones públicas para cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente institucional. Clarificar qué tipo de actos y usos revisten carácter público e institucional y qué otro tipo de actos y usos son de carácter partidario y por tanto deben correr por cuenta de los partidos, coaliciones, plataformas o grupos municipales con cargo a sus propios recursos y en igualdad con cualquier otra organización ciudadana, es una necesidad que evitará en el futuro polémicas que sólo contribuyen a aumentar la distancia entre los ciudadanos y sus representantes políticos.

Igualmente, en relación con los usos de las instalaciones y recursos planteamos:

La elaboración de un protocolo de usos de los recursos e instalaciones municipales que delimite la naturaleza institucional o partidista de los actos y usos de las mismas. En concreto, deberán entenderse actos o usos no institucionales todos aquellos en los que los miembros del gobierno de la ciudad participen sin presencia de otros grupos políticos o fuera de cualquiera de los órganos de participación ciudadana establecidos reglamentariamente.
Determinar igualmente, a través de la Comisión de Economía, los actos y desplazamientos de representación institucional que como tales deberán ser sufragados con cargo al presupuesto municipal y aquellos que constituyen actos partidarios cuyo coste debe ser asumido por parte los grupos políticos o de los partidos o coaliciones
Reglamentar con el máximo consenso los usos de las instalaciones municipales que los Grupos Políticos, así como las Juntas Municipales de Distrito pueden realizar, estableciendo los procedimientos oportunos para su solicitud y autorización.

Por último, también apostamos por aplicar los mayores niveles de transparencia en materia de subvenciones. Para ello es preciso, desde el acuerdo político, revisar en su conjunto la actividad subvencional del ayuntamiento para lograr eliminar cualquier rastro de clientelismo, aumentar la claridad y la sencillez y dotar de mayor estabilidad a las entidades sociales. En concreto, planteamos:

Reducir mediante el correspondiente análisis de cada caso concreto y de las posibilidades legales el número de subvenciones concedidas a través de la fórmula del convenio nominativo.
Crear una mesa técnica y política que informe un plan anual de subvenciones y analice el grado de cumplimiento de los objetivos planteados.
Aprobar anualmente un Plan donde se delimiten los distintos programas de Subvenciones a incorporar en el Presupuesto General, detallando los objetivos que se pretende alcanzar, e incorporando elementos que permitan evaluar la consecución de los mismos.

Igualmente, consideramos preciso abordar la lucha contra la corrupción desde una óptica preventiva que permita identificar las conductas de riesgo y ataje cualquier práctica moralmente reprobable antes de que pueda llegar a producirse. Para ello entendemos que es preciso que el Ayuntamiento se dote de una herramienta eficaz que permita identidicar un mapa de riesgos de la corrupción política y administrativa, investigue casos concretos e informe periódicamente de sus trabajos. Por ello proponemos:

Crear una Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción dependiente del Pleno y adscrita a la Secretaría General del mismo que, sin perjuicio de las competencias que la legislación confiere al Poder Judicial y al Ministerio Fiscal, disponga de atribuciones y recursos para la elaboración de un mapa de riesgos, investigación de conductas dudosas y elaborar informes periódico de los que dará cuenta directamente al Pleno.

7.2. Participación Ciudadana

Los socialistas apostamos decididamente por reforzar los mecanismos de participación de la ciudadanía en las decisiones que atañen al gobierno de la ciudad. Entendemos que la democracia representativa debe seguir siendo la principal fuente de legitimación del poder político. Cada grupo municipal ostenta tras de sí el respaldo y la confianza de miles de ciudadanos que otorgan su voto a las distintas fuerzas políticas en cada proceso electoral. Este principio no debe entenderse incompatible con el desarrollo de cauces de participación ciudadana que refuercen la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas de decidir y tomar parte en las grandes decisiones que atañen al futuro de la ciudad, como tampoco pueden admitirse planteamientos que juegan a contraponer la legitimidad de la democracia representativa con una supuesta democracia participativa.

Desde este punto de vista, entendemos que la profundización en los procedimientos de participación ciudadana debe ser siempre fruto del máximo consenso político posible, evitando en todo momento, la imposición unilateral por parte del Gobierno aun cuando legalmente se encuentre habilitado competencialmente. En ese sentido, la reforma del Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadanos, debe de acometerse buscando el máximo consenso posible.

En todo caso planteamos:

Reforzar las competencias de las Juntas de Distrito situándolas no sólo como órgano participativo sino como herramienta de desconcentración administrativa.
Regular mediante una Ordenanza las Consultas Populares. En concreto, dicha ordenanza deberá regular los procedimientos para su convocatoria, el censo, el voto electrónico y las garantías electorales. En todo caso, éstas podrán ser convocadas por el Pleno, el Alcalde, las Juntas Municipales de Distrito o Vecinales, o un porcentaje de ciudadanos superior al 10% del Padrón Municipal.
Regular de forma específica los procedimientos de elección de Alcaldes de Barrio, Presidentes de Junta de Distrito y vocales de ambas.
Rebajar el número de firmas necesarias para plantear una Iniciativa para elaborar Reglamentos u Ordenanzas hasta el 5% del padrón municipal.
Regular la figura del Derecho de Petición, reconocida en el artículo 29 de la C.E, constituyendo al efecto una Comisión Plenaria de Peticiones encargada de atender las reclamaciones de los ciudadanos al amparo de dicho derecho.

Finalmente, los socialistas apostamos por avanzar en la laicidad de la administración regulando a través del Reglamento de Protocolo, las circunstancias en las que los miembros de la corporación pueden asistir, en condición de tales, a actos religiosos, cuando éstos tienen un arraigo que trasciende el carácter religioso de la celebración. Por ello planteamos:

Reformar el Reglamento de Protocolo actualmente vigente, estableciendo el carácter estrictamente voluntario de la asistencia de los miembros de la corporación, en condición de tales, a los actos y ceremonias religiosas de especial arraigo, tales como las celebraciones patronales, hasta tanto estas cuestiones no sean debidamente reguladas en el marco de una Ley de Libertad Religiosa de ámbito nacional.
Crear un Observatorio Municipal de la Laicidad abierto a la participación de los grupos políticos municipales, asociaciones y entidades ciudadanas con el objetivo de promover campañas informativas en el ámbito municipal dirigidas a toda la ciudadanía, sobre el significado de la Laicidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Tolerancia, la libertad de pensamiento y de conciencia.